Nuestros compañeros de SUKABI son noticia

Los juzgados de Bilbao emiten al año una treintena de órdenes de desalojo de ‘okupas’

La batalla jurídica entre las partes es encarnizada. Lograr que abandonen la casa antes de un año es casi imposible Cinco de estos inmuebles se han convertido en gaztetxes

La magnitud del movimiento okupa en Bilbao nada tiene que ver con el de ciudades como Barcelona, si bien conforme pasa el tiempo los casos van en aumento. Los juzgados de la capital vizcaína emitieron en 2007 una treintena de órdenes de desalojo por uso en precario de un inmueble o, lo que es lo mismo, por acceder a una vivienda sin ningún tipo de permiso del propietario. En lo que va de año la cifra de casos asciende ya a doce, según los datos que baraja el Juzgado Decano.

Las situaciones son de lo más variopintas. Desde familias que ocupan un piso, hasta jóvenes que se atrincheran en un edificio. En Bilbao hay del orden de 18.000 viviendas vacías, aunque resulta muy complicado determinar cuántas están ‘okupadas’ ya que ningún órgano oficial recoge esa cifra. El caso más llamativo es el los números 5 y 6 de la calle Ribera. La promotora propietaria del céntrico edificio acaba de abrir un proceso penal contra el grupo de jóvenes que irrumpió en el bloque el pasado mes de diciembre.

De lo que sí existe constancia es de la cantidad de inmuebles que, tras su ocupación ilegal, se han transformado en gaztetxes. En Bilbao existen cinco centros de este tipo repartidos por diferentes barrios: Rekalde, Zorroza, Casco Viejo, Irala y Olabeaga. Sobre este último pesa desde enero una orden de desalojo pendiente de ejecución. A estos se unen, además, tres ‘gazte lokalak’ ubicados en Deusto, Irala y Otxarkoaga. El funcionamiento de las lonjas es distinto al de los gaztetxes. Pese a que ambos se basan en la ocupación, en el caso de los locales, los ‘inquilinos’ suelen llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para su gestión.

Los problemas surgen, no obstante, cuando los verdaderos propietarios quieren recuperar sus viviendas. «Entrar es fácil, sólo hay que cambiar la cerradura, pero sacarles resulta muy complicado», reconocen desde el Colegio de Abogados de Bilbao. La capital vizcaína registra media docena de casos especialmente problemáticos al año, según confirmaron fuentes policiales.

Justicia gratuita

El primer paso es decidir la vía jurídica que se va a tomar. La mayoría opta por la civil, que exige que el dueño del inmueble presente al juez toda la documentación referente a la ocupación. «El propietario debe identificar a las personas que han entrado en su vivienda y eso genera un descontrol, ya que hay casos en los que se llegan a subarrendar y cuesta mucho saber quiénes están viviendo realmente», reconocen desde el Colegio de Abogados. La vía penal -usurpación de bienes-es más rápida, si bien los expertos la consideran menos aconsejable. «Es el juez el que ordena investigar el caso y si no se ajusta a la legalidad abre un juicio oral», explican. Cualquiera de los dos caminos conducen al desalojo del piso, aunque la penal incluye la posibilidad de condenar a los ‘okupas’ a tres meses de cárcel, pena que, por otro lado, «nunca se cumple».

La batalla jurídica entre las partes se puede alargar en el tiempo de manera indefinida. «Conseguir una solución en menos de un año es muy difícil», aseguran desde el colegio de abogados. La media se sitúa entre 10 y 16 meses. Y es que, los ‘okupas’ son cada vez más profesionales, no en vano muchos cuentan con un letrado que les asesora desde el preciso instante que irrumpen en una vivienda. La estrategia se basa en paralizar al máximo el proceso. «En cuanto les llega la orden lo primero que hacen es reclamar justicia gratuita, lo que obliga a hacer todos los trámites para concederles un abogado de oficio», describen. De esta forma, pese a que la resolución sea el desalojo, los ‘okupas’ pueden prolongar durante mucho más tiempo su situación ilegal.

fuente: El correo