NOTICIA EN EL CORREO SOBRE UNA SENTENCIA SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL BARRIO

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao reprocha en una sentencia al organismo local Viviendas Municipales tomar partido a favor de un grupo de vecinos e impulsar de forma «injustificada» una acción de cesación, lo que podría haber supuesto el desahucio de una pareja de uno de los edificios sociales que pertenecen al Ayuntamiento de la capital vizcaína. En su resolución, la magistrada arremete con dureza contra la sociedad pública, a la que afea no haber recabado «información alguna que permitiera cotejar la realidad» de la comunidad. En su opinión, la familia a la que se pretendía desalojar no era «causante de actividades molestas». Más bien al contrario, ya que las califica de «víctimas», al haber sido objeto de «forma reiterada de agresiones, insultos, amenazas, coacciones e injurias».

El fallo, que puede ser recurrido hasta el 6 de septiembre, supone el primer asalto de una batalla judicial que se presume larga y que enfrenta a la citada pareja con la comunidad de vecinos del número 38 de la calle Langaran, del barrio de Otxarkoaga, que ha contado hasta ahora, así lo estima la resolución, con el apoyo de Viviendas Municipales. La sentencia favorable a la familia repudiada anula el acuerdo adoptado el 15 de julio de 2008 por la junta de propietarios -en la que la sociedad municipal goza de una clara mayoría-, que daba vía libre al inicio de acciones legales para tratar de desalojarles.

En su dictamen, la titular del Juzgado número 12 de Bilbao concluye que en la comunidad existe «conflictividad», pero que el origen de tales «riñas, peleas y discusiones» no puede ser atribuido en exclusiva al matrimonio. De hecho, María Teresa Peña sale en su defensa y afirma que han sufrido «un sinfín de incidentes en los que los mismos son víctimas de las actuaciones de otros vecinos». En este sentido, destaca que su abogado ha aportado pruebas que así lo acreditan, como resoluciones judiciales condenatorias a varios residentes por agredirles y varios partes policiales en los que denuncian haber sido víctimas de pintadas difamatorias y de sabotajes en la cerradura.

Tras analizar lo sucedido en los últimos años en el edificio, la juez muestra su «sorpresa» con el papel que Viviendas Municipales ha mantenido en este enfrentamiento. A su juicio, desde marzo de 2007, el organismo dependiente del Ayuntamiento de Bilbao y dirigido por Ezker Batua «ha impulsado, amparado y sostenido» las acciones emprendidas contra la pareja. «No cabe duda -afirma- que su actuación ha sido efectiva y real». De hecho, los acuerdos comunitarios salieron adelante gracias a que en las diferentes reuniones la sociedad pública ha contado con mayoría aplastante (en algunas de ellas ha llegado a contar con una representación de seis votos sobre un total de ocho).

«Sin pruebas»

Incluso, señala la sentencia, la sociedad dirigida por EB envió una carta a los vecinos en la que anticipaba su «intervención» y asumía el coste económico que pudiera suponer el proceso legal necesario para «privar a la familia del uso de la vivienda». La titular del Juzgado número 12 de Bilbao critica también que la representación jurídica de Viviendas Municipales y de los vecinos no «aportaran prueba alguna» que evidenciase la denunciada actitud lesiva y molesta de la familia repudiada.

Asimismo, la juez María Teresa Peña insiste en que la entidad presidida por la concejal Julia Madrazo «omitió cualquier actuación para averiguar la realidad de los hechos», aun cuando conocía la existencia, a favor de los afectados, de sentencias condenatorias por agresiones de otros residentes. «Obvió lo que resultaba evidente y dirigió sus esfuerzos al objeto de obtener un acuerdo que le permitiera ejercitar la acción de cesación contra dichos vecinos», afirma.

La magistrada llega a la conclusión de que el proceder de Viviendas Municipales ha sido «dispar», ofreciendo «amparo a la comunidad en un supuesto y ninguna respuesta» a la pareja. María Teresa Peña señala, además, que el daño causado al matrimonio repudiado ha sido enorme. «Es claro y contundente y no cabe discusión al respecto», apunta. «El coste emocional del acuerdo adoptado por los propietarios es imponderable», sentencia.