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Reproche judicial al área de Madrazo por gastar en recursos «temerarios»

La Audiencia de Vizcaya ha dado la razón a un hombre y una mujer que residen en un edificio de pisos sociales de Bilbao cuyos vecinos intentaron desahuciarles -con el apoyo de la sociedad pública Viviendas Municipales- por ser presuntamente los responsables de un grave problema de conviviencia en el bloque. Ahora, los magistrados confirman la sentencia de primera instancia, que eximía de culpa a la pareja, y arremeten contra la comunidad -el inmueble pertenece en su mayoría a la entidad dependiente del Ayuntamiento que dirige Julia Madrazo- por recurrir y dilatar el proceso de manera «temeraria». Por ello, les condena a pagar las costas del proceso judicial.
La resolución de la Audiencia anula el acuerdo adoptado en julio de 2008 por la mayoría de los vecinos del número 38 de la calle Langaran, en Otxarkoaga, para poner en marcha un procedimiento de cesación contra dos de los residentes. Para iniciar esta maniobra, el grupo que se enfrentó a la pareja recabó el apoyo de Viviendas Municipales y de la asociación de familias del barrio. En una misiva dirigida a este último colectivo, Julia Madrazo les avanzaba que la entidad que dirige correría con los gastos y su departamento jurídico participaría «activamente en el asesoramiento de la comunidad» para tratar de echar a los supuestos perturbadores de la paz del edificio.
La actitud mostrada por la edil de EB fue criticada por el primer juez que examinó el caso. El magistrado reconoció que en el bloque social existía «conflictividad», pero que «el origen de tales riñas, peleas y discusiones no puede ser atribuido en su totalidad a la pareja». Más bien al contrario. «Ellos han sido víctimas de un sinfín de incidentes», advertía.
En su sentencia, el titular del Juzgado número 12 de Bilbao consideró que el organismo municipal había tomado partido a favor de un grupo de vecinos de manera «injustificada» sin haber realizado «pesquisa alguna» para averiguar la situación real que se vivía en la comunidad. Asimismo, mostró su «sorpresa» por este proceder. «Viviendas Municipales ha amparado, sostenido e impulsado las acciones contra la pareja de una manera efectiva y real», reprochó.

«No alega nada»
Pese a este pronunciamiento, Madrazo, que calificó la sentencia original de «dura» para Viviendas Municipales, consideró «lógico» presentar un recurso. Ahora, la Audiencia confirma de manera «íntegra» el fallo dictado por el tribunal de primera instancia. Y destaca que «la parte apelante no alega absolutamente nada contra lo razonado» en la anterior resolución. «Cuanto antecede determina que las costas procesales de este recurso sean impuestas a la parte apelante con declaración expresa de temeridad», concluye.
Ayer, el área que dirige la edil de EB aseguró que su actuación en este conflicto ha ido siempre encaminada a «velar por la conviviencia y por el patrimonio público y sus usuarios». En este sentido, recordó que la asesoría jurídica se incluye dentro de la carta de servicios ofrecida a los inquilinos de Viviendas Municipales.
Con todo, sostiene que el último fallo «suaviza el rigor de la primera resolución».Y afirma que «lo único que hemos hecho es recurrir a los jueces para que diriman un conflicto existente en el edificio. Queríamos que los magistrados se pronunciaran sobre ello». Contra la decisión cabe recurso ante el Supremo.