Demandan al Ayuntamiento de Bilbao por la adjudicación de la ayuda a domicilio

La Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPAS) ha llevado a los tribunales al Ayuntamiento de Bilbao por la adjudicación «irregular» del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en dos de las cuatro zonas en las que se divide la ciudad para organizar la cobertura de la asistencia. Los pliegos de condiciones del concurso, lanzado en 2009, establecían que los candidatos sólo podían optar a uno de los lotes para garantizar un reparto equitativo del trabajo. La demandante, sin embargo, asegura que la mitad del contrato se ha dejado en manos «del mismo licitador», lo que en su opinión supone una «quiebra frontal» de las propias bases de la convocatoria y de la libre competencia.
La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se ha formalizado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Bilbao y el Consistorio tiene un plazo de veinte días para presentar sus alegaciones. El de ayuda a domicilio es uno de los grandes concursos municipales junto al de Bilbobus, que también acabó en litigio, y el de la limpieza urbana. El juez dio la razón al Ayuntamiento en primera instancia y ratificó la adjudicación del transporte urbano a Veolia frente al recurso de TCSA.
La asistencia domiciliaria, que llega al hogar de alrededor de 4.000 bilbaínos, salió a concurso en septiembre de 2009 por un importe de 16,4 millones de euros al año. El contrato es para 2010 y 2011, prorrogable por un año más. Las bases especificaban en varios apartados que los licitadores sólo podían presentar una oferta «a uno de los lotes. La contravención de esta cláusula será causa de exclusión en la totalidad» del proceso, advertía el pliego de condiciones.
«Levantamiento del velo»
Esta exigencia «de cumplimiento imperativo» se incumplió posteriormente, alegan ante el juez. En la zona de Uribarri y Otxarkoaga, antes atendida por la demandante, la ganadora fue la asociación Urgatzi y en Irala-Rekalde-Zorroza-Basurto, la UTE formada por Urgatzi y Aztertzen.

«Un mismo licitador», asegura la fundación, vinculada a Arquitempo, que se presentó al lote 2 (Uribarri-Otxarkoaga) y quedó en segundo lugar. La empresa argumenta ante el juez que no sólo se ha vulnerado «la letra y el espíritu» del pliego de condiciones, sino también la Ley de Contratos del Sector Público, y pide que se anulen ambas decisiones.
La «unidad de empresa o de negocio» existente entre las dos adjudicatarias impide, en su opinión, «cualquier atisbo de competencia» entre ambas y hace que «acaben acaparando el 50% del mercado». En la demanda apela a la doctrina del «levantamiento del velo» para demostrar que la asociación Urgatzi y la sociedad limitada que participa en la UTE comparten domicilio social y órganos directivos, «y ofrecen al mercado los mismos servicios bajo la misma denominación». Los responsables municipales, por el contrario, sostienen que las adjudicatarias son «dos entidades jurídicas diferenciadas», con distintas sedes sociales y juntas directivas, por lo que consideran que en ningún momento han incumplido las condiciones que ellos mismos fijaron ni el marco legal.
El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, afirmó ayer que la adjudicación del SAD está «amparada por la ley» y respaldada por los informes de la asesoría jurídica, que participa en la Mesa de Contratación junto a los técnicos y los representantes de los partidos políticos. «Hablamos de sujetos jurídicos diferentes», recalca. En su opinión, el pleito responde a «la defensa de los intereses de una empresa que se ha sentido perjudicada» por la resolución del concurso.
La demandante ha presentado en el juzgado diversa documentación para acreditar los vínculos entre las dos adjudicatarias. Al mismo tiempo, se queja de «indefensión» porque no ha podido conocer el expediente administrativo completo. Solicitó por vía judicial la ampliación de la documentación sobre las ofertas presentadas y los jueces se la denegaron, al entender que ya disponía de suficientes elementos para fundamentar sus alegaciones. También defiende que la valoración de las ofertas fue «errónea» en algunos apartados y que la suya era «objetivamente mejor» que la ganadora y «más ventajosa económicamente». Por todo ello, pide que se anule la resolución municipal y que se reconozca su derecho a gestionar la asistencia domiciliaria en Uribarri y Otxarkoaga.