El Consejo General Vasco ante la herencia urbana de la dictadura franquista

DEIA

LAS transformaciones que empezaron a acontecer tras el periodo franquista implicaban profundas modificaciones institucionales y estructurales que hacían difícil predecir sus más inmediatas consecuencias. De todo ello se infería que acaecerían una serie de complejos cambios de mentalidad y de hábitos en muy poco tiempo y en amplios estratos de la sociedad vasca. La declaración política del Consejo General Vasco, entidad que gobernó el País Vasco durante 1978 y 1979, dejó en evidencia que sus facultades se encontraban totalmente limitadas, sujetas a un proceso de transferencias de competencias desde la administración central. La preautonomía no constituía una situación de autonomía plena sino un primer paso de definición territorial, implantando unas instituciones propias, acomodadas a ese momento. Como primera medida, habían previsto la recuperación de los derechos históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, la derogación de las disposiciones de la dictadura y la transferencia de las más amplias facultades de la administración central.

Eran tiempos de recuperar el autogobierno, siendo un periodo corto de interinidad preautonómico y es que el urbanismo heredado era caótico, complejo y lo hacían muy limitados de medios. Para el Consejo General Vasco era vital contar con la capacidad de recaudación y fiscalización propia. Hubo partidos políticos, como EAJ/PNV, que condicionaron cualquier tipo de decisión que se adoptase a que se aceptase esta reivindicación. Consideraban que no había otra opción, porque la situación era de tal gravedad económica en ayuntamientos como el de Bilbao, con una deuda de 6.144 millones de pesetas, que la única solución pasaba por recuperar los Conciertos Económicos que fueron abolidos por Franco en 1937.

El abogado bilbaino Juan José Pujana fue nombrado consejero de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio Ambiente en sustitución del recién fallecido y miembro histórico del nacionalismo vasco, Juan de Ajuriaguerra. Pujana sustituía a Ajuriaguerra porque EAJ/PNV pretendió conservar su peso político dentro del Consejo General Vasco y es que Pujana había sido colaborador de Ajuriaguerra en temas constitucionales y era secretario del Bizkai Buru Batzar. El BBB realizó un informe sobre estructuración y funcionamiento de la consejería, y sobre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ya que tenían interés en conocer su estructura porque la Consejería nacía vacía del todo. Por ello consideraron necesaria la creación de una comisión nacional de ordenación del territorio cuyo trabajo sería la preparación de informes, estudios y documentación para la elaboración del plan de ordenación del País Vasco. EAJ/PNV, ante los graves problemas de esa cartera, sostuvo que los temas técnicos exigían soluciones técnicas. Fue por lo que sugirió que el tipo de personas a las que se quería encomendar estas tareas fuesen de corte ejecutivo y no doctrinal ni teórico. Personas con profundos conocimientos en el sector y de los agentes operantes de una gestión económica y funcional adecuada, situando en los puestos de consulta a personas de reconocido valor teórico.

El candidato para dirigir el urbanismo vasco fue el arquitecto bilbaino José Miguel Abando. Se trataba de un profesional que tenía tras de sí una amplia experiencia de su paso por el gabinete técnico de la Corporación Administrativa Gran Bilbao. También era conocida su profusa actividad de ayuda a los movimientos ciudadanos y a los ayuntamientos a través de la Oficina de Información Urbanística que organizó junto al sociólogo Josu Barandika en la delegación de Bizkaia del COAVN. Abando, a su vez, se rodeó de un buen equipo de arquitectos al frente de las direcciones territoriales, en Bizkaia con Antón Aguirregoitia, en Gipuzkoa con Javier Unzurrunzaga y en Araba con Ignacio Galarraga. Las funciones de estos técnicos serían planear, desarrollar y aprobar políticas, además informarían y asesorarían a los municipios en planeamiento urbanístico, siendo una actividad de apoyo a las corporaciones locales en materia de planeamiento sin entrar en los campos de competencias exclusivamente municipales. Esta línea, defendida por el consejero Pujana y su partido, demostraba, entre otras cuestiones una decidida apuesta por una estrategia netamente pragmática.

La situación con la que se encontraron en la Consejería de Pujana, consecuencia de las actividades del régimen franquista, sobre todo en Bizkaia y Gipuzkoa, fue denominada por sus dirigentes de panorama extremadamente grave, con un crecimiento anárquico de las ciudades vascas, con una ausencia total de criterios urbanísticos. Se trataba de núcleos urbanos en situación insostenible, carentes de dotaciones de servicios públicos, inexistencia de zonas de expansión, con abundantes barrios marginales de estética desagradable. En definitiva, unas ciudades que llevaban 40 años en un proceso de máximo deterioro. Los primeros objetivos de la consejería de Pujana fueron acercarse a la realidad del País Vasco, examinar sus problemas, concienciar a la opinión pública de la gravedad y abrir las puertas a la participación a todos los sectores afectados para evitar una política de dirigismo. El criterio de ciudad para esta Consejería pasaba por una ciudad entendida por partes. Partes altamente formalizadas cada una de ellas y perfectamente identificables en el conjunto de la ciudad, donde cada una de ellas tuviera su personalidad, sus proporciones y equipamientos y no constituyeran lo que se conocía como barrio sino una ciudad dentro de una gran ciudad. El peso del urbanismo, a partir de aquellos años, lo llevarían las diputaciones forales y los municipios fundamentalmente.

Las valoraciones de la Consejería sobre aquella realidad eran corroboradas desde una perspectiva técnica por el urbanista Antón Aguirregoitia en una entrevista, ya que sustentó que en Bizkaia se encontró con unos municipios con planes generales y normas subsidiarias de un ínfimo nivel de calidad, muy dudosos, sin apenas aportaciones de análisis de diseño y ordenación urbana. Desde entonces, sostenía, se empezó a tomar parte en el urbanismo y se fue consolidando una nueva cultura urbanística que fue asimilada por todos los ayuntamientos democráticos. Fueron años de lucha. Aguirregoitia comprendía que los instrumentos técnicos, jurídicos y el apoyo político existente permitirían originar una transformación de la cultura urbanística.

Llegó a sustentar que los partidos políticos tenían claro que el modelo anterior sin construir elementos de ciudad, el edificar sin más, sin dotaciones ni espacios libres, sin previsión de equipamientos ni de urbanización, fomentado durante el franquismo, generaron déficits de calidad urbanística desastrosos. Por otra parte, necesitaba además de una visión técnica, una visión política de aquella compleja situación.

Al respecto, tuve la oportunidad de entrevistar a Xabier Arzalluz. A su faceta de profesor de Derecho Político en la Universidad de Deusto aunaba la de haber sido presidente del Euskadi Buru Batzar durante las últimas décadas. Arzalluz, en la entrevista, sostuvo que su partido se encontró en 1979 con una situación desastrosa en todos los sentidos. Trataban de salir de la crisis económica, recuperar la cultura y el urbanismo. Llegó a sustentar que el urbanismo dejado por el franquismo era salvaje, pues hicieron lo que quisieron en núcleos urbanos en los que provocaron gravísimos problemas urbanísticos como Santutxu, Otxarkoaga, Errenteria o Intxaurrondo. Ensalzó la labor de Pujana y del partido, ya que fueron capaces de reunir a un buen grupo de arquitectos a los que denominaban los polacos. Se les apodaba de esa forma porque emprendieron la planificación de Euskadi como si fuese la Polonia devastada de posguerra.

Todas estas reflexiones proporcionan una imagen de cuál era la realidad con la que se encontraron los dirigentes del urbanismo del Consejo General Vasco. Según Arzalluz, salir de aquella catastrófica situación solo fue posible gracias a la actitud de su partido, que dejó absoluta libertad de criterio a ese grupo de cualificados técnicos y gracias también a que se consiguieron los Conciertos Económicos. Si no, hubiese sido impensable acometer con suficientes garantías los problemas de la mayoría de urbes de Euskadi que sufrieron los despropósitos del franquismo.

En 1979, el urbanista Fernando Terán, estando en Donostia para impartir una conferencia en la Escuela de Arquitectura, ante un público compuesto básicamente por arquitectos y estudiantes de arquitectura, no hizo sino aportar otra visión crítica sobre aquel urbanismo heredado: "Se había exacerbado el disparate por la existencia de mecanismos autoritarios al servicio de las clases dominantes y al hecho de haber estado falto de todo tipo de sistemas de corrección, como la consulta pública".

Una última reflexión que es preciso plantear es que no fue únicamente Bilbao, tal y como se ha venido reflejando en otros artículos, sino que infinidad de núcleos urbanos de toda Euskal Herria sufrieron las barbaries provocadas por las autoridades franquistas. A día de hoy, cualquiera que mire hacia atrás y contemple todo el camino recorrido, comprenderá sucintamente, tanto la verdadera dimensión de aquella catástrofe urbanística como la consiguiente extraordinaria labor de los vascos por tratar de recuperar sus ciudades.