Una veintena de bilbaínos pleitean con el Ayuntamiento por disputas superiores a 150.000 euros

Como cualquier administración pública, el Ayuntamiento de Bilbao puede hacerse antipático por muchos motivos hasta el punto de llevarle a los tribunales. Los más temidos por su impacto económico son los litigios urbanísticos, pero la casuística es variada y abarca desde un atropello del tranvía en Sabino Arana hasta el cierre de la discoteca Mao Mao durante seis meses por superar el aforo. Ni siquiera los 28 asuntos que el portavoz socialista, Alfonso Gil, sacó a relucir en el último pleno agotan los motivos de indignación de empresas y particulares. En esta lista sólo figuran los casos que afectan más directamente a las cuentas públicas, ya que las cantidades en disputa superan los 150.000 euros. Quedan fuera otros procesos por resbalones, multas, licencias y demás aristas de la actividad municipal.

Los pleitos de mayor cuantía se recogen en un informe del interventor antes de la elaboración de los presupuestos. Algunos nombres se repiten año tras año porque los procesos se alargan. «Esto es algo ordinario en todos los ayuntamientos», dice el alcalde en funciones, Ibon Areso. «Amenazas teóricas» que se ciernen sobre las cuentas municipales, y no siempre alcanzan la categoría de nubarrones. Algunos litigios «ya se han ganado», como el de una expropiación en Otxarkoaga por la que se pedían 2,5 millones. Los que realmente le preocupan son los de Panera e Iparlat. Entre los dos suman una reclamación de 31,6 millones de euros, cuando el total de los 28 litigios es de 40,4.

En ambos casos se trata de los temidos '69'. Propietarios que, basándose en este artículo de la antigua Ley del Suelo (que sigue en vigor con otro articulado) reclaman que les expropien los terrenos donde no pueden construir porque lo impide el planeamiento. El solar de Iparlat, en Basurto, está afectado por el trazado de la carretera que permitirá derribar el viaducto de Rekalde. Aunque no hay fecha de ejecución para esta obra, «prever la variante de Rekalde es una decisión correcta, y eso conlleva un coste», defendió Areso en el pleno. El conflicto está en el Supremo y se espera la sentencia antes de fin de año. Una espada de Damocles que, en previsión de un acuerdo extrajudicial, ya se ha llevado por delante lo que quedaba de los ahorros de años anteriores.

Esto es lo que ha impulsado al portavoz del PSE a poner sobre la mesa los asuntos que están en los tribunales. «Queremos saber qué reflejo presupuestario tienen y cuál es la expectativa de la asesoría jurídica con cada uno de ellos», explica Alfonso Gil. «La negociación de las cuentas de 2014 no se puede basar en incógnitas, sino en certezas». El alcalde en funciones asegura que, tras agotar el remanente de tesorería, el fondo de contingencia incluido en los presupuestos (8,4 millones) permitirá afrontar sin estrecheces las malas noticias que puedan llegar.

Protestas vecinales

Para desactivar la amenaza de Panera se ha optado por otro camino: como el Ayuntamiento no ve interés general en este solar de Uribarri, ya ha iniciado el proceso para recalificarlo y permitir la construcción de viviendas. «Que el propietario pueda ejercer sus derechos para que no haya lugar» a una indemnización que podría elevarse a 18 millones, resume Areso. Prefiere exponerse a las críticas vecinales y del Consejo Asesor de Planeamiento, que emitió un dictamen desfavorable.

Dejando aparte los dos grandes conflictos «y los que se han ganado o se ganarán», hay otros pleitos que no inquietan a las autoridades municipales. Son los relacionados con operaciones como la de Bolueta, donde está previsto construir un millar de viviendas. El recurso se dirige al Ayuntamiento porque es quien aprueba la reparcelación, pero si se pierde serán los propietarios (Gobierno vasco y Neinor) los que tengan que pagar.

En cualquier caso, el Gobierno de una ciudad puede pisar muchos charcos y nunca se sabe hasta qué punto calarán. Aunque los resbalones no suelen pasar facturas tan cuantiosas, llama la atención la reclamación de 216.294 euros presentada por la cantante Amaia Uranga y el grupo musical El Consorcio. Apelan al «lucro cesante» porque, como consecuencia de una caída en la vía pública, no pudieron cumplir contratos que tenían concertados.

Incluso las obras en el hospital de Basurto pueden ser motivo de disputa. Se giró la tasa correspondiente por la construcción de un pabellón y la UTE presentó un recurso en el que pide 311.000 euros. Y la llama del crematorio de Zumalacárregui, que fue una pesadilla para el Consistorio por sus derrotas judiciales, no se ha apagado del todo. Los promotores recurrieron por entender que las condiciones impuestas en la licencia retrasaron el inicio de su actividad, aunque esta vez el Ayuntamiento ha ganado en primera instancia.