Bilbao defiende revisar los protocolos en la atención a menores

El concejal del área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Pombo, ha reconocido que existe un «cierto problema de desbordamiento» de los servicios sociales aunque «funcionan bien» y, en materia de personal, se ajustan a los ratios establecidos. Asimismo, ha afirmado que están dispuestos a revisar los protocolos necesarios en la atención a menores para evitar hechos como el crimen en enero de un matrimonio de Otxarkoaga, por el que fueron detenidos dos menores.

BILBAO. Pombo ha realizado estas manifestaciones en la comisión celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao después de que el PP pidiera su comparecencia para que explicara la información pública en un medio de comunicación en la que se aludía a que un informe del año 2012 de los Servicios Sociales de Base advertía de la necesidad de tomar medidas con uno de los menores supuestamente implicados en los hechos registrados en Otxargoaga, por los que también fue detenido otro menor.

El edil ha afirmado que no podía ni confirmar ni desmentir esa información y ha asegurado que no iba a entrar a «la provocación» de decir «si una persona ha sido objeto de análisis» porque «se vulnera la confidencialidad». Pombo ha añadido que, en todo caso, los grupos pueden tener acceso al expediente. «No vamos a hablar nada de un menor», ha añadido el edil que ha pedido «no utilizar a los niños como un arma política».

Asimismo, tras explicar los ámbitos en los que se trabaja con los menores, ha pedido «no dejarse llevar por calentones» para reclamar «endurecimiento de las penas» hacia los menores porque la Justicia «no debe ser vengativa sino educativa y terapéutica».

Tras responder al PP que no tiene «nada que ocultar», ha indicado que, si quieren acceder al expediente lo pueden hacer, pero él se ha negado a dar públicamente datos sobre el menor porque «le puede dañar».

Pombo ha indicado que los servicios sociales municipales «funcionan bien», aunque siempre se puede mejorar. En concreto, ha explicado que en los 11 servicios sociales de base hay 55 trabajadoras sociales, 11 soordinadoras, 23 auxiliares administrativos, 71 educadores sociales (PISECO), 15 psicólogos (PIP) y 11 mediadores de prevención del absentismo escolar. Según ha apuntado, los ratios son acordes con el Plan estratégico del Gobierno vasco en materia de servicios sociales.

En el caso de Otxarkoaga, ha señalado que no solo hay seis trabajadoras sociales, pero también una coordinadora y nueve personas que componen el equipo socio-educativo.

No obstante, ha asegurado que no va a negar que existe un «cierto problema de desbordamiento» en los servicios sociales porque ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a estos servicios y también porque, de acuerdo a la normativa, para una valoración de la dependencia deben pasar por el Ayuntamiento. «No voy a ser yo el que diga que no están saturados», ha apuntado.

Asimismo, ha manifestado que tampoco será él quien diga que «no es lo mismo un barrio que otro». «No es lo mismo Otxarkoaga que otro barrio de Bilbao», ha apuntado.

Por otra parte, ha afirmado que no iba a entrar en si la gestión de la Diputación es «nefasta o no» como ha apuntado algún grupo de la oposición pero ha indicado que hay que hablar «mucho con ellos» y revisar los protocolos y actuaciones. «Estamos ya en ello», ha apuntado.

En este sentido, tras insistir en que, «si hay que modificar protocolos, se modificarán», ha señalado que en las próximas licitaciones de los servicios se deberán reconsiderar un «montón de protocolos».

Pombo ha indicado que no tiene «ninguna duda» de que hay que «repasar» todas las actuaciones que han tenido que ver con estos menores y determinar si se ha fallado «en algo, si hay que rehacer protocolos».

Por su parte, la representante de EH Bildu Alba Fatuarte ha defendido que los menores son sujetos con derechos y responsabilidades y, aunque tienen responsabilidad «sobre lo que han hecho», también «tienen derecho a la intimidad».

La edil de la coalición abertzale ha denunciado la «nefasta gestión» de la Diputación vizcaina en el sistema de protección de menores y cree que, por ello, la institución foral ha hecho «un movimiento de tiro» para lanzar «la pelota al Ayuntamiento de Bilbao». La representante de EH Bildu ha defendido que las instituciones aborden las «disfuncionalidades» que existen y reflexionen sobre el modelo de atención a la infancia.

Tras indicar que hay que hablar de todo eso y no «de un caso concreto», ha aludido también a la «saturación» de trabajado de las empleadas sociales y a la excesiva burocracia a la que deben hacer frente».

Por su parte, el edil del PSE Alfonso Gil ha afirmado que es «terrible» hacer de esta cuestión una «noticia» y ha recordado que es un tema «serio» que está judicializado. «A ver si vamos a juzgar en el Ayuntamiento lo que no se ha juzgado en los tribunales porque eso también tiene una tipificación penal», ha agregado.

Gil ha afirmado no haber «oído a Pombo escaparse de su responsabilidad» de proteger al menor, ha considerado que «no es justo» asegurar que una empresa deja «al albur de los acontecimientos que se dan a los menores». Por último, tras afirmar que no se puede hacer «un salsa rosa en los medios de comunicación con un menor», ha asegurado que serán bienvenidas todas las medidas que se pongan encima de la mesa para mejorar los protocolos.

El representante del PP Oscar Fernández Monroy ha reprochado al equipo de Gobierno que se «parapeten» en la ley de protección de datos para «no dar explicaciones» y ha anunciado que solicitarán acceder al expediente de este caso.

Además, ha denunciado que solo hay seis trabajadoras sociales en Otxarkoaga y «no dan a basto», pese a que «sobre el papel los ratios se cumplen» En este sentido, tras responder al PSE que no pretenden hacer un «salsa rosa» y reprochar a la posición que hayan «echado un capote al Gobierno municipal, ha reclamado medidas para aumentar las trabajadoras sociales porque «no dar a basto es un riesgo muy evidente porque lo que no se detecta a tiempo es susceptible de empeorar».

Por su parte, la concejela de Udalberri-Bilbao en Común Amaia Arenal ha defendido una «apuesta decisiva y contundente» por la figura del educador social de calle, ya que, desde este colectivo, se viene advirtiendo de la «excesiva burocratización» existe pero desde este colectivo se viene advirtiendo de la «excesiva burocratización» de su labor, lo que «les quita de la actividad en calle».

A su juicio, los menores no son «fichas ni formularios» y hay que hacer una reflexión sobre el modelo y «poner freno a la saturación» de los servicios sociales de base, lo que, según la edil, pasa por una «mayor inversión».

Por último, el portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha manifestado compartir gran parte de lo expresado por Pombo, sobre todo, su mensaje de que debe primar los intereses del menor y ha afirmado que, aunque en su atención, hay «pocos medios» en el Ayuntamiento, pero «buenos equipos».

A su juicio, el fallo está en los centros de tutela y cree que, si no funcionan adecuadamente, es por la apuesta por la subcontratación, ya que las empresas «miran donde conseguir una peseta más».