De las 225 denuncias externas registradas en 2008, los principales motivos para la investigación fueron disponer de ingresos no declarados (76 casos), no pagar el alquiler de la vivienda a pesar de recibir ayudas para ello (106), fraude en la convivencia (105) y otros motivos (10). En algunos de estos casos pueden darse una o varias circunstancias de fraude.
Las resoluciones llevadas a cabo en relación con expedientes referidos a una única Unidad de Convivencia han dado, entre otros, los siguientes resultados: 74 suspensiones cautelares de la Renta Básica, 12 modificaciones de la Renta Básica, 32 denegaciones de Ayudas de Emergencia Social (AES), en 75 no se encontró ninguna irregularidad, en 22 se concedieron las AES, en 3 casos se intervino con menores y en 39 se realizó otro tipo de intervención.
Las personas motivo de denuncia externa son, por procedencia, 91 latinoamericanos, 64 estatales, 57 africanos, 12 europeos comunitarios y 1 europeo no comunitario. El Servicio Social de Base que más denuncias recibió fue el de San Francisco-La Peña, con 61, seguido del Casco Viejo (36) y Deusto-San Ignacio (26)
El Área de Acción social investigó, igualmente, el pasado año cuatro hechos denunciados en los que estaban involucradas gran cantidad de Unidades de Convivencia que afectaban a 169 personas. Estos hechos revisten una complejidad importante y uno de ellos se encuentra actualmente en proceso judicial.
Labor habitual de control del Área de Acción Social
Por otro lado, el Área de Acción Social realiza un trabajo de control y seguimiento sin necesidad de que se presente ninguna denuncia. Dentro de esta labor habitual de control, el Área solicitó en 2008 un total de 727 Suspensiones Temporales de Renta Básica. Estas peticiones se elevan a la Diputación Foral de Bizkaia, entidad encargada de efectuar el pago de dicha renta.
La solicitud de Suspensión Temporal está motivada por la pérdida de algunos de los requisitos exigidos o por incumplir las obligaciones asumidas por el receptor de la Renta Básica al acceder a esta prestación económica, como es el caso de las personas que se niegan a firmar convenios de inserción.
Asimismo, el Área de Acción Social solicitó a la Diputación un total de 1.118 Suspensiones Cautelares de la Renta Básica al detectarse en la Unidad de Convivencia indicios de una situación que implica la pérdida del derecho a esta ayuda. En estos casos, el receptor de la Renta Básica debe aclarar su situación en un plazo de tres meses.
Dentro de este trabajo habitual de seguimiento, el Área de Acción Social denegó el pasado año 386 solicitudes para distintas Ayudas de Emergencia Social (AES).
Unidades Técnicas de Inclusión (UTIs)
El Negociado de Control e Inspección ha creado recientemente las Unidades Técnicas de Inclusión (UTIs), compuestas por tres trabajadores sociales y un auxiliar administrativo, cuya finalidad es conseguir que todas las personas que reciben Renta Básica y que tienen capacidad suficiente para integrarse social y laboralmente, firmen un convenio por el que se comprometen, entre otros aspectos, a formarse profesionalmente, a buscar activamente empleo ó a escolarizar a sus hijos.
El Área de Acción Social calcula que unas 5.000 personas se encuentran en esta situación de poder firmar un convenio de inserción. Estas personas recibirán el apoyo necesario por parte de los profesionales de las UTIs y de las entidades que trabajan en los ámbitos de formación laboral y empleo. Actualmente, ya se está manteniendo entrevistas personales con 267 personas con el fin de negociar convenios de inserción. A lo largo de este año, se realizaran seguimientos personas y se firmarán convenios con unas 800 personas.
El Negociado de Control e Inspección se marca tres objetivos fundamentales. Por una parte, canalizar todas las denuncias que se reciben tanto por parte de los ciudadanos como internas desde diversos departamentos del Área de Acción social, en relación con posibles fraudes o quejas de los servicios que se prestan. Por otro lado, valorar y hacer un seguimiento de la calidad de los servicios sociales prestados. Finalmente, el negociado va a intensificar la labor de apoyo y seguimiento de las personas que reciben prestaciones sociales, fundamentalmente Renta Básica, para verificar que cumplen con los Convenios de Inserción que firman al recibir estas prestaciones.
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